Libertad y censura previa

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El día 5 de julio de 2018 el Parlamento Europeo rechazó, por 318 votos en contra y 278 a favor, la propuesta de Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Europeo. Los días previos a esta votación tuvieron lugar numerosas actividades públicas y privadas a favor y en contra de la propuesta, que después de esta derrota tendrá que volver a ser debatida en comisión, probablemente con numerosas enmiendas. Los puntos más controvertidos de la propuesta, los que acumularon mayor rechazo, estaban plasmados en dos artículos de la normativa:

• Artículo 11: Establece lo que se ha dado en llamar la tasa Google. Obliga a los responsables de páginas web a pedir permiso, y si así lo desean los dueños de los derechos de autor, a pagar una tasa por el mero hecho de incluir un enlace a una noticia o titular que haya aparecido en cualquier medio de comunicación. Los más favorecidos por este artículo no son los autores particulares, sino los medios de comunicación de masas (especialmente la prensa en Internet), que son los principales defensores de esta medida.

Los eurodiputados que la han propuesto aducen que no afecta a las personas particulares ni a la Wikipedia, que se sintió amenazada hasta el punto de declarar una huelga por primera vez en su historia, cerrando el acceso a las versiones española, italiana y francesa durante el día anterior a la votación. El problema es que el artículo puede estar redactado de manera suficientemente ambigua como para que, aunque de momento no se aplique a los particulares o a la Wikipedia, no existan garantías de que en el futuro esto no pueda hacerse.

• Artículo 13: Exige que las plataformas de Internet (como YouTube, Instagram, Twitter o eBay) introduzcan la censura previa sobre los contenidos que suban los usuarios de estas plataformas para asegurar que no transgreden ningún derecho de autor. La censura tendría efecto a través de filtros automáticos (algoritmos informáticos) que detectarían dichas transgresiones e impedirían que los contenidos afectados puedan hacerse públicos.

Creo que los eurodiputados y otros políticos, que no suelen saber nada de informática,  se han dejado engañar por los medios de comunicación, que saben aproximadamente lo mismo. Se está hablando demasiado de inteligencia artificial, un nombre de más relumbrón, pero que se emplea usualmente como sinónimo de lo que antes se llamaba informática, y se están anunciando avances espectaculares que harán en breve plazo a nuestros programas tanto o más inteligentes que los seres humanos (predicción bastante discutible, como he indicado en otro artículo). Parece que los políticos se han creído que esos filtros, cuyo uso proponen hacer obligatorio para implementar la censura previa, pueden programarse en la situación actual de la informática. Pero la verdad es que esto no es factible.

Sabemos desde hace tiempo que el punto débil de la informática es el sentido común, que permite a los seres humanos orientarse en la vida práctica (como dijo Bergson). Pues bien, para implementar la censura previa, los algoritmos responsables del filtrado tendrían que aplicar el sentido común, y no pueden hacerlo.

En la legislación de casi todos los países existen excepciones a los derechos de autor, tales como las siguientes:

·         El derecho de cita, que la Wikipedia española define así: Permite incluir fragmentos de otras obras ajenas de cualquier tipo de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) La obra citada debe haber sido divulgada. b) El propósito de su uso es para fines docentes o de investigación. c) Su uso ha de ser justificado en el contexto de la obra. d) Se debe indicar la fuente y el autor de la misma. e) La obra citada no debe ser alterada.

·         El derecho de parodia, definida así por la Wikipedia española: Obra satírica que caracteriza o interpreta humorísticamente otra obra de arte, un autor o un tema, mediante la emulación o alusión irónica. 

Actualmente existe a este respecto la censura a posteriori, que consiste en que el dueño de un derecho de autor puede solicitar que se prohíba el acceso a un contenido porque transgrede sus derechos, pero la decisión suele quedar en manos de un juez, que decidirá usando su sentido común si se trata realmente de una transgresión del derecho de autor, o si cae bajo el paraguas del derecho a la cita o a la parodia. Pero un programa informático no es capaz de hacer esto. El problema es que la detección de si un texto es una cita legal o una parodia de otro texto es un problema de sentido común, que los algoritmos informáticos no son capaces de resolver.

Los políticos dedican sus esfuerzos a recortar nuestras libertades, a prohibir esto y lo otro, aunque a menudo no saben cómo hacerlo. Para dar la impresión de que son muy libertarios, aparentan compensarlo estableciendo supuestos derechos nuevos, como el derecho a matar a nuestros hijos y a los ancianos, o el derecho a yacer con quien te dé la gana.

Vivimos en Un Mundo Feliz en el que una minoría de pequeños dictadores auto-nombrados manipulan a los borregos que antes se llamaban pueblo, y los mantienen tranquilos atiborrándolos de sexo y drogas, que a veces son físicas y a veces son mentales.

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Manuel Alfonseca